La gerencia de Coca-Cola en Filipinas aprovecha la emergencia por coronavirus para atacar a dirigentes sindicales de la afiliada a la UITA FCCU-SENTRO e intimidar a sus miembros con despidos, procedimientos disciplinarios y el uso del poder policial.
Mientras los trabajadores y trabajadoras se esfuerzan por sobrevivir durante estrictas medidas de confinamiento y una pandemia letal, la compañía ha ordenado al personal con sospecha de exposición a COVID-19 cuarentena sin remuneración. Quienes trabajan en la planta de Coca-Cola en San Fernando, provincia de Pampanga, profundamente preocupados por el riesgo de infección tras la muerte de un familiar directo de una persona que se desempeña en la planta a quien había estado expuesto, mantuvieron una reunión sindical en la sala de vestuario el 28 de marzo. Los dirigentes sindicales instaron a los trabajadores a cumplir con las recomendaciones del gobierno y quedarse en casa si temían exponerse o contaminar a otras personas, afirmando que respetarían las decisiones individuales de cada persona.
La gerencia tomó represalias del 6 al 8 de abril con medidas disciplinarias a 7 dirigentes y miembros del sindicato en las plantas de San Fernando y Canlubang, incluidos Alfredo Marañón, Belarmino Tulabut y Danilo Pineda, acusándolos de 'sabotaje económico'. Los tres fueron despedidos el 8 de mayo. El Secretario General Nacional de FCCU-SENTRO, Brendo Enríquez, escribió a la gerencia de Coca-Cola el 18 de mayo protestando por los despidos y compartiendo la comunicación con sus miembros y con la UITA. Le aplicaron medidas disciplinarias y ahora se enfrenta al despido. Y la gerencia pidió a la policía que disolviera una manifestación laboral pacífica de protesta por el despido de sus dirigentes sindicales el 9 de junio. Los trabajadores y trabajadoras que protestaban llevaban máscaras, respetaban el distanciamiento social y habían acordado procedimientos con la policía local.
Las actividades de Coca-Cola en Filipinas son propiedad exclusiva de Coca-Cola Company en Atlanta, EUA. La responsabilidad por intimidación, despidos y amenazas a nuestra afiliada y sus miembros recae directamente en Coca-Cola Company.
Los representantes sindicales que invocan el derecho de sus miembros a un lugar de trabajo seguro no están cometiendo un'sabotaje económico'. Los sindicatos tienen derecho a comunicarse con sus miembros y con la UITA, a reunirse en forma pacífica y a protestar.
Los invitamos a FIRMAR LA PETICIÓN a continuación para enviar un mensaje a Coca-Cola Company: ¡Coca-Cola no puede abusar de una emergencia de salud pública para atacar derechos humanos fundamentales!
El mensaje aparece primero en inglés, luego en español.